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| Las oficinas de la Anses santiagueña, una caja de Pandora por donde se evaporaron como por arte de magia los dineros del Estado, una estafa que sin duda será la amas grande de la historia provincial Dicen que llegó la orden de ir escrachando paulatinamente a la gestión zamorista en la provincia. ¿Pero de dónde arribó el mandato? ¿Del comité nación del radicalismo o de la conducción provincial? Lo cierto es que llegó a nuestra provincia un grupo de periodistas del Canal 13 capitalino pertenecientes al noticiero central de las 20, con el propósito de instalar el affaire ANSES, como si se tratase de hechos de corrupción endilgados al gobierno provincial. |
Importa este dato porque la
semana anterior, el mismo equipo de tareas, acompañado de profusa difusión
televisiva, anunció una investigación a nuestra provincia, que resultó ser un
fiasco, ilustrado por secuencias fílmicas supuestamente pertenecientes al
interior provincial, de vieja data.
También se comentó que el grupo
periodístico porteño montó su base estratégica en las oficinas del ANSES de la
calle 25 de mayo. Allí se les entregó copias de expedientes varios y se les
facilitó un libreto para armar una suerte de folletín amarrillo, para el
escrache a una asesora de la diputada nacional Pastoriza integrante del
gobernante Frente Cívico provincial.
Vendetta Política o Denuncia pública?
En principio esta maniobra pasó
inadvertida por sobre las articulaciones del poder competente para sustanciar esta
causa judicial. Quizá por eso la justicia local arremetió de inmediato en contra
de propios y extraños, ordenando detenciones varias e instaurando directivas al
filo de su competencia, mejor dicho, incompetencia, o quizá a sabiendas de que ese
sumario le correspondía a otro dueño, por lo que mucho no se hizo esperar su
declinatoria.
Mientras la ANSES miraba para
otra parte, la justicia federal no entendía en donde estaba el nudo del ovillo.
Es más, al no recibir una denuncia fundada de parte de las autoridades de la
administración perjudicada, los engranajes de la trama defraudadotoria,
aprovecharon la distracción y se ocuparon de borrar sus propias huellas,
cambiar domicilios y ocultar sus bienes, dejando para los investigadores la
detención de los “perejiles” en lugar de los que pergeñaron la maniobra
ilícita.
Al parecer a los que denunciaron
el ilícito, les sobraba con haberlo hecho público a través del periodismo
foráneo, dando solo algunos nombres y facilitando el GPS para que se los
encuentre desprevenidos y se logre la
nota periodística, que alteró la calma de los santiagueños.
Pero, todo mal, hasta el arribo
del Fiscal natural de la causa, quien no dudó en advertir la trama picaresca
que distrajo la atención de la justicia. Este sin vacilar se interrogó: ¿“denuncia
pública antes que en sede judicial”, “no se ha denunciado a tiempo las
irregularidades que se cometían…”? Recordando también que le había solicitado a
la Gerente de ANSES: “contactarse con la entonces Fiscal de turno para que
pudiera iniciar a tiempo las actuaciones y ordenar allanamientos para evitar prófugos
en la causa” (ver Liberal 24/3).
Pero, según los escasos avances
en la investigación, no se escuchó a la palabra autorizada. ¿Cómo se explica?
¿Estaremos ente una supuesta violación de los deberes de funcionario público,
un abuso de autoridad, desobediencia judicial, omisión de denuncia, complicidad
con los actores del desfalco, o simple
negligencia e ineptitud en la función?
La trama interna administrativa
Algunos operadores datan el
manejo espurio con fecha de inicio 2012, pero no se sabe con exactitud, cundo
fue el comienzo de la primera maniobra, tampoco se pude precisar la fecha de
constitución de las “tres bandas” internas –como se comenta- que vienen
operando con la anuencia y la supuesta complicidad del mandamás de turno,
digamos la cabeza principal del organismo.
Según declaraciones públicas de
la Gerente del ente administrador, recién tendrían detectadas unas 100
pensiones, de las miles de miles, que se estiman otorgadas indebidamente.
Resulta pasmoso el desaprensivo accionar de las autoridades que tienen a cargo
el manejo del ente más importante de la previsión social en la provincia.
Le está costando mucho a la justicia
el esclarecimiento de los hechos denunciados, quizá porque no se pone en
movimiento la investigación sobre los pasos previos a la concesión de los
beneficios. Hay una sola forma de establecer quienes fueron los encargados de
falsificar los documentos internos material e ideológicamente.
Si nos detenemos a confrontar lo
que constituye “la radiografía” del expediente administrativo, se advertirá que
no es fácil obtener un beneficio previsional, si no se cumplen con los
requisitos de ley. Teniendo en cuenta que la ANSES exige que los turnos para el
inicio de gestiones estén documentados en la red informática, alguien es el
encargado de que esos turnos, no sean deliberadamente manipulados.
El encargado de la boca de iniciación,
debe constatar y dar fe de la firma del formulario principal con el que se da
apertura al trámite, el mismo que orienta el circuito administrativo y acondiciona
la prueba documental.
El verificador de los servicios
denunciados debe responder si los mismos resultan idóneos para regularizar el
trámite. La misma responsabilidad le asiste a quien realiza los cómputos de los
aportes denunciados, como el que se ocupa de confeccionar la liquidación final.
No podemos olvidar que se trata
de un expediente que requiere asesoramiento legal y un dictamen
final, previo a la concesión del beneficio.
La organización delictiva
Desde que se avocó al sumario el
Fiscal Pedro Simón puso la mira en la organización delictiva que opera puertas
adentro del organismo previsional. Advirtió que el beneficiario de una pensión
apócrifa, esta fuera del circuito administrativo, porque no necesariamente debe
dar conformidad al inicio de la gestión, ya que ésta se puede pergeñar con solo
el documento de identidad de quien será el futuro titular de un beneficio.
El resto del tramite se realiza
internamente sin la participación del supuesto solicitante, quien ni siquiera
debe acreditar su estado civil, porque quienes integran el circuito de gestión
aportaban las actas mellizas, o falsas con las que se engrosaba el expediente.
La organización, solicitaba el
pago de una suma determinada, según el monto de la pensión ofrecida, aparte del
cobro íntegro del retroactivo que estas generaban, de inicio a fin. Esta
maniobra era un secreto a voces diseminado en toda la provincia. Es decir que
el agraciado “pensionado” cuando se le comunicaba que había adquirido ese
status previsional, asistía acompañado de los promotores a la entidad bancaria,
percibía los haberes, se los despojaba de la totalidad de lo cobrado y solo se
quedaban con la tarjeta de cobro, para que recién se haga efectivo el primer
haber, al mes siguiente.
También se conoce que la “banda”
autogeneraba prestamos con la tarjeta Argenta, obvio que a nombre del
beneficiario, quienes ajenos a estos hechos, se enteraban que habían sido
favorecidos con cierto monto, cuando se los obligaba a concurrir a las casas
bancarias para hacer efectivo una importante suma que no estaba en sus
cálculos.
También se acreditó que dentro
del organismo y en el circuito administrativo participan abogados del ente,
médicos internos y externos, escribanos y policías dando fe de ciertos actos. Si nos atenemos al tiempo transcurrido
sujetándonos a un universo que contemple los beneficios otorgados en estos
últimos cinco años, el volumen que se percibió indebidamente es cuantioso e
impredecible, pues se debe considerar que los beneficios concedidos en
principio, son incrementados paulatinamente y esa movilidad los torna
inciertos, y es preciso recurrir a una calculadora, para obtener los números
exactos.
Hay que apuntar para arriba
Es indudable que los encargados
del contralor administrativo miraron para otro lado, o forman parte del
circuito delictivo. Si habrían cumplido con la misión que la comunidad les ha
encargado la mega estafa que se está investigando no podía haber existido. Resulta
imposible obtener un beneficio apócrifo. La ley ha previsto los mecanismos
conducentes para evitar este tipo de maniobras. Muchas veces la prensa lo ha denunciado,
pero nadie quiere escuchar lo que no quiere o no le conviene.
Santiago del Estero es la provincia con mayor cantidad de
pensionados por invalidez.
El ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año unas
70.000 pensiones por discapacidad.
Hasta junio del año pasado estaban bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, y a partir de ahora, la ANSES las abonará como si
fueran Pensiones Universales
para el Adulto Mayor.
En el caso que estamos tratando,
son las máximas autoridades de la ANSES quienes cargan culpas por reconocer. El
año pasado, en materia de pensiones por invalidez, según la Dirección
Nacional de Programación Económica y la base de datos del organismo, dijo que
el puesto Nº. 1 lo ocupa la provincia de Santiago del Estero con más del 8,18%, encabezando el ranking
nacional de pensiones por invalidez... También en octubre de 2016, lo dijo el
diario la Nación en base a datos aportados por el Ministerio de Desarrollo que el 35% de la población activa
de Santiago del Estero, es
decir, uno de cada tres santiagueños en condiciones de trabajar, recibe este
beneficio.
La confianza burlada
Ni la ANSES, ni el PAMI deben ser
usados para el manejo de la cosa política. Se trata de dos institutos nobles de
extraña naturaleza, que el Estado puso al servicio de quienes alcanzaron la
tercera edad. Se sabe que el sistema que contiene a ambas dependencias, se
encuentra encorsetado, ante la desproporción existente entre trabajadores
activos que aportan al sistema y los que integran la gran masa previsional.
Estos dos organismos se
desenvuelven con el mismo circuito administrativo, que no puede ser vulnerado
por factores externos, si no se cuenta con la complicidad de quienes componen
el la requisitoria del sumario y sus autoridades.
Estos hechos confiscatorios
constituyen una de las razones del bajo haber que se abona a la clase pasiva
argentina y si al exiguo beneficio que perciben, se les suma el acecho sobre
sus fondos, de bandas delictivas que
actúan en todo el territorio, burlando la fe pública y la confianza depositada
en la tarea que ejercen, mejor futuro, no se les puede augurar.
Aquí no termina –porque recién
empieza- la tarea investigativa que lleva adelante la justicia federal en
nuestra provincia. Difícilmente se podrá saber el monto real de lo defraudado
al sistema previsional, con la confección de las llamadas “pensiones truchas” y
esto es nada en comparación con las “pensiones por invalidez” que se
repartieron a diestra y siniestra por todo el terruitorio provincial. Esto
tiene también un encuadre de tinte político, pero esta, es otra historia.
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