El
Presidente Mauricio Macri, nos recordó hace unos días que existe una norma en
desuso conocida como la ley de ética pública con más de tres lustros de
existencia y decidió reglamentar su art. 18 por lo que firmó el Decreto
1179/2016 referente al régimen
de obsequios a funcionarios públicos, que ya había sido reglamentado por decreto
No. 164/99.-
Al
efecto se dispuso que los
regalos que reciben los funcionarios ya sea por cortesía o costumbre
diplomática, pasan a ser propiedad del Estado para ser destinados a fines de
acción social. Asimismo, tanto los detalles de esos regalos como así la
información de viajes de funcionarios públicos, financiados por terceros
"estarán disponibles" en el sitio web de la Oficina Anticorrupción y
en el Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Modernización.
Es decir que la norma prohíbe a los funcionarios recibir regalos de
personas o entidades que realicen actividades reguladas por el organismo; que
gestionen o exploten concesiones y franquicias; que sean contratistas o
proveedores; o que procuren una decisión del organismo y/o tengan intereses.
Esta reglamentación del
artículo 18 de la Ley de Ética Pública,
que establece que "los funcionarios públicos no podrán recibir
regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo
o en ocasión del desempeño de sus funciones", salvo obsequios de cortesía
o comestibles en casos en que sean entregados en eventos, actos, visitas o
actividad oficial pública, estuvo esperando
17 años que alguien la “caiga en cuenta”.
La
Ley N° 25.188 de Ética en el
ejercicio de la función pública, es una más de las tantas leyes inútiles que
integra el digesto judicial argentino. Sancionada en setiembre de 1999 previó en
su creación una Comisión Nacional de Ética Pública, organismo que nunca
fue integrado, pero en su lugar se creó la Oficina Anticorrupción, un
instituto totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, todo lo contrario al
espíritu de la norma, impidiéndose así que el poder central, sea controlado por
un ente independiente.
Un vez más se incurrió en el
abuso cotidiano de “borrar con el codo” lo escrito a mano alzada. Así la Ley
No. 26.097 por la que adherimos a la “Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción” deja de tener sentido, al no
contarse con un órgano encargado de prevenir la corrupción, toda vez que la oficina
del mismo nombre, carece de la independencia necesaria que exige el mencionado
tratado.
Con las reforma introducida por
las Ley No.26.857 de mayo del 2013 a la ley de origen, las declaraciones
juradas de los funcionarios a las que en principio se podía acceder libremente,
pasaron a estar protegidas por una especie de intríngulis informático, muy
difícil de conocer. Se trata de otro engendro normativo que no hizo más que
empeorar la legislación anterior.
Confieso que jamás pude
plasmar mi inquietud por conocer los patrimonios de dos funcionarios
eternizados en el poder, como son Juan
Schiaretti y Eduardo Fellner quienes desde que abandonaron Santiago del
Estero -después de una Intervención Federal- pasaron a integrar la lista de los
funcionarios más ricos del país.
Pareciera que nadie está en
condiciones de aportar a la creación de una ley de transparencia, de fácil
acceso, para que se pueda observar el manejo de los fondos públicos que es
preocupación nacional. La mentada ley de ética
pública no cumple para nada con el objeto de su creación y es momento de una
revisión profunda, para que sea
despojada de tanto ornamento inútil, carente de eficacia y ejecutividad.
En una Argentina moderna,
con leyes operativas de cambio, nunca habría sucedido un “caso Baez”, tampoco
que un funcionario de primer nivel posea acciones propias en empresas que
contratan con el Estado y que lo tienen como principal negociador.
Por otra parte, en esta materia se debe legislar con la imposición
del orden público cuando se tratan
de leyes atinentes a la transparencia y protección de los bienes del Estado,
sin que se les tenga que pedir su adhesión a las provincias. Las leyes
dubitativas, que precisan comisiones numerosas para ponerse en movimiento, o
que requieran la incidencia de elementos del poder para su concreción, lisa y
llanamente, no sirven.
La ley que comentamos de la ética pública me distrajo en esta nota,
porque el Presidente reparó, con un nuevo decreto, en la reglamentación de “los
regalos” a los funcionarios. Por los laterales y las puertas traseras, nos
desapoderan a diario, de millones de millones, mientras los que mandan se distraen con pequeñeces, y nosotros nos seguimos preguntando: que es la ética…?
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