Se cumplieron 30 años desde que
irrumpió la penúltima intervención federal en Santiago del Estero, cuya gestión
asoló las arcas del erario público provincial, dejando un saldo en rojo de más
de 300 millones de dólares, (1) saqueo que fue “archivado” en parte, por
personeros de la Nación y por quien sucedió a la gestión federal en 1995.
Es decir que entre Carlos Menem, Domingo
Cavallo y Carlos Arturo Juárez acordaron para que la banda de Schiaretti y su clan de foráneos se retirara
de la provincia sin ser previamente investigados, así esa escandalosa gestión no pasó por la justicia y las denuncias impetradas dormirán para siempre en algún archivo de tribunales.
Como resultados de esa espuria maniobra, los
directos responsables del descalabro local hoy son reconocidos entre los
referentes más ricos de la Argentina: Juan Schiaretti y Eduardo Fellner -quienes
continúan “atornillados” a la silla del Poder desde hace mas de dos décadas- es decir
en la total impunidad- nunca fueron investigados por los hechos de corrupción
que se denunciara.
Se sabe que el transcurso del tiempo resulta
perjudicial para la investigación de un ilícito y el mismo atenta en contra de la
eficacia en la procura de la prueba, como que también se enfrenta a los límites
legales que le impone el ritual en materia de prescripciones, caducidad,
preclusión, etc.
Estas interrupciones que encuentran su razón de ser, en
principios elementales que impiden que las causas se mantengan sine die en los anaqueles del olvido
tribunalicio. Siempre reitero la denuncia que interpuse en contra de estos sinvergüenzas que esta archivada en el Superior Tribunal de Justicia.
Hace un par de años el diputado nacional Ramón Puerta, ingresó
una iniciativa legislativa, buscando incorporar el artículo 62 bis al Código
Penal argentino. La idea es agregar el instituto de la
imprescriptibilidad de la acción penal de aquellos delitos perpetrados en
contra de una administración pública, siempre y cuando estas acciones se
hubieren iniciado dentro de los plazos legales
Recientemente el diputado, Hugo Maldonado también presentó
un proyecto de ley que promueve la imprescriptibilidad de los delitos de
corrupción que se cometan a causa del ejercicio de la función pública y que
produjeran un grave daño al patrimonio público.
Esta iniciativa aspira
intervenir en los delitos previstos por el Código Penal en los capítulos XI,
contra la Administración Pública, y XIII, contra el Orden Económico y
Financiero.
Como fundamento de
la iniciativa el autor del proyecto agregó que; “hoy, muchos ciudadanos le temen al gobierno y por eso no aportan
testimonios ni pruebas” ya que “cada peso que desaparece de los objetivos
planteados originalmente por los estados provinciales en los presupuestos,
aparece en los bolsillos de los funcionarios y falta en los servicios que debe
prestar el Estado”. (2)
Así como hay
quienes afirman que la inseguridad en la Argentina es solo un estado que apenas
se aproxima a la “sensación”, también la corrupción generalizada aflora en la
comunidad con el mismo grado de “sensación”, con el agravante que a diario se
conocen situaciones que debieran ventilarse en los estrados judiciales y sin
embargo se mantienen sin vigilancia, ni investigación de ninguna especie.
Nuestro país afronta
en estos momentos una crisis severa de credibilidad y a juzgar las distintas
situaciones que nos colocan en el plano internacional, mediante la repercusión
periodística, se observa un decaimiento paulatino en la imagen de país serio
que en otrora nos caracterizó.
A todo esto, “en Bolivia se aprobó en marzo del 2010 una
Ley Anticorrupción que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. Se
trata de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción que determina que los delitos
cometidos en contra del Estado son imprescriptibles y sus autores sean juzgados
con retroactividad.” (3)
Se espera que las
iniciativas presentadas en el parlamento nacional tengan urgente tratamiento y
se transformen en ley, como una consigna alentadora que le permita al ciudadano,
contar con la seguridad de que, a quienes elige para administrar los fondos de
todos, tendrán que rendir cuentas en el momento oportuno, sin que evento alguno
los siga cubriendo con el remedado manto de la impunidad.
Pasa el tiempo, pasan los gobiernos y el problema sigue intacto, como decía el General Perón: "solo el perro se rasca para afuera".
Pasa el tiempo, pasan los gobiernos y el problema sigue intacto, como decía el General Perón: "solo el perro se rasca para afuera".
El hombre observador, más si actúa en política,
piensa diferente al perro y es por ello que la “rascada” es interna y ahora se la
acumula en bolsos y se la pesa, en lugar de contarla.
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