Editorial del día 19 de Febrero del 2.008
El
tema de la inseguridad jurídica, adquirió particular notoriedad en
nuestro país, tras las múltiples denuncias que realizara durante la
década del noventa el ex Presidente Raúl Alfonsín, sin que en su origen
se comprendiera su alcance y significado, que hoy se fundamenta en
resonantes casos de corrupción ampliamente publicitados, de los que
somos testigos involuntarios todos los argentinos.
Es obvio que la “seguridad” es lo contrario a la
“inseguridad” y el avance de este flagelo en el seno de un Estado
moderno, o que se precie de tal, no podrá resistir tamaña imputación,
especialmente cuando está dirigida hacia uno de los departamentos de
poder más sensibles y cuestionados, como lo es el judicial.
Pero éste tema no es nuevo, ya Su Santidad Pío
XII aludió a esta temática cuando reconoció la existencia del:
"inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica", dando sustento
a la necesidad imperiosa de proteger a quienes conforman una
organización civilizada que aspira al liderazgo latino americano.
¿Pero, sobre quiénes recae el compromiso de garantizarnos la seguridad jurídica?
En principio es el Estado quien debe velar por
los intereses morales, sociales, personales y económicos de los
ciudadanos, pero son los miembros del Poder Judicial sobre quienes
reposan los mandatos tutelares para que la justicia adquiera seguridad.
Y para ello, no se exige otro requisito que la
idoneidad y la independencia de sus integrantes, para que esa finalidad
tutelar cumpla con su cometido, pero pareciera que no siempre las cosas
son como debieran ser.
Atilio Alterini sostiene que "la crisis de
juricidad genera inseguridad jurídica por falta de certidumbre. Porque
se carece de certeza cuando las normas son fugaces e inestables,
convierten lo anormal en normal y lo excepcional en general, u son
habituales los rescripta contra jus, que dan prevalencia a los hechos y
avasallan lo jurídico transgrediendo expresas garantías
constitucionales. Sin una administración judicial eficiente, el Derecho
no resulta aplicado (no hay seguridad jurídica por medio del Derecho);
ni brinda certeza (no hay seguridad como certidumbre del Derecho); ni
tiene permanencia no hay seguridad como estabilidad del Derecho.
En esta situación la libertad es puesta en jaque, cuando no abolida, y por ende los derechos individuales quedan estropeados''
Pero la Seguridad Jurídica, no solamente es
responsabilidad de los juzgadores, conforme ya lo anticipáramos, es el
Estado el que debe garantizar conforme con la Constitución Nacional la
permanente seguridad a los habitantes de un país que viven en democracia
y que confían en sus instituciones.
SANTIAGO: UN MAL EJEMPLO
La seguridad jurídica, es inadvertida cuando los
organismos reguladores de la función jurisdiccional se ejercitan con
eficiencia, pero cuando no es así, surge en la colectividad un
sentimiento intuitivo de carácter colectivo que promueve la inseguridad
jurídica.
En Santiago del Estero hay ejemplos
suficientes para graficar el tema tratado, así se han configurado
situaciones publicas y notorias que sirven de elementos para dar cuenta
cuando la inseguridad proviene del Poder Judicial y cuando ésta emana
del Poder Ejecutivo. Por ejemplo este ultimo, resulta ser acusado en
forma permanente de realizar nombramientos de jueces que no cumplen con
los requisitos exigidos por las leyes locales, nacionales y la propia
Constitución de la Provincia.
En la épocas negras de Santiago del
Estero, cuando gobernaba la banda de Juan Schiaretti quien fuera
Ministro de Gobierno, el Dr Jorge Busti que fue también Ministro de
Justicia, declaró, a poco de su asunción, que: ``él mismo ordenará la
captura en todo el país''(sic), de un imputado que había sido
excarcelado, conforme a derecho, sin tener el menor de los conocimientos
sobre la causa de su libertad. Este funcionario también se alzó en
contra de una sentencia de la Cámara Primera del Crimen, emitiendo
calificativos impropios fuera de toda consideración y dando muestras
acabadas de una irresponsable intromisión de un Poder en otro, que le
resultara absolutamente ajeno, al margen de la bravuconada.
También el entonces Interventor Federal
Juan Schiaretti manifestó públicamente y a boca llena, antes de conocer
la provincia donde lo envió su amigo Cavallo que: ``llenará las
cárceles de Santiago del Estero''. Ello conforme con la misión que le
habían encomendado, para justificar un plan económico que, por entonces,
hacía agua por todas partes.
Pero… ¿Llenar las cárceles?¿Con quiénes?
¿Cómo? ¿Con qué atributos que no sea la suma del Poder con que el
Estado nacional, mal inviste a sus representantes? Es éste otro caso de
intromisión irresponsable de un Poder en otro.
En ese tiempo el Colegio de Abogados
observó impávido como algunos profesionales del medio denunciaban la
existencia de una perversa ``inseguridad jurídica'' que afectaba a la
comunidad, pero –como ya es costumbre- nada se intentó para revertir
esa situación.
Si continuamos analizando las
imprudentes manifestaciones que se hacen publicas de parte de quienes
ejercen el Poder Ejecutivo podríamos llegar a confeccionar un libro, aun
que no seria un libro serio.
Ángela Ledesma, quien se encontraba al
frente del Superior Tribunal de Justicia a quien se confió la
responsabilidad de la reorganización del Poder Judicial, manifestó a un
medio de prensa un conocimiento acabado sobre causas judiciales en etapa
de instrucción, las que estaban lejos de ser de su conocimiento.
Al margen de resultar declaraciones
impropias de una magistrada, -como ya es publico y notorio- también
mentía por partida doble.
Todos se preguntaban por entonces: ¿Cómo
puede saber detalles del expediente, si los autos nunca habían llegado
hasta la Presidencia del Superior Tribunal?
¿O es que ésta magistrada, al mejor
estilo de la dictadura, con especial interés, instruyó a los jueces
inferiores para que gestionen una persecución implacable en contra de
políticos y ex funcionarios?
Así es como promovió la modificación
ad-gustum del Código de Procedimientos en lo Penal y Correccional, para
evitar las excarcelaciones de ex funcionarios, desconociendo que aplicar
leyes penales con efectos retroactivos es una “monstruosidad jurídica”,
y a sabiendas que ello daría lugar a nulidades que tarde o temprano
debían ser reparadas.
Esta ex funcionaria fue reiteradamente
denunciada por ante la justicia local – sin que se sustancie ningún
sumario- y el gobierno nacional la premió disponiendo que en la
actualidad integre la Cámara de Casación Penal en la Capital Federal.
EL PEZ POR LA BOCA MUERE
Tampoco podemos olvidar la gestión
Carlos Juárez en nuestra provincia, sus decisiones personales propias de
un emperador y los avatares de su Cámara complaciente, la que no dudó
en implantar por abrumadora mayoría la llamada “ley mordaza” para frenar
cualquier critica alusiva a su gestión de gobierno.
O cuando impidió –censura mediante- la
presentación en nuestro primer coliseo de la obra IL Postino (El
Cartero) cuyo argumento está centrado en la vida de Pablo Neruda. En esa
ocasión el fundamento para cerrar el teatro ante el inminente estreno
fue que: “ …se podría disparar alguna hormona…de alguna jovencita
desprevenida” (sic) Ese papelón que disgustó a todo el país, fue el
principio de la caída del régimen autoritario que gobernó la provincia
dándole la espalda a la cultura.
De estos casos se pueden citar docenas, anécdotas que felizmente ya son parte del pasado.
Muy pocos funcionarios de las aludidas
gestiones resignaron el protagonismo personal, casi todos transitaron
por la senda del vedetismo, en una comunidad especialmente sensibilizada
por hechos escandalosos que no viene al caso analizar. Y ello resulta
más que peligroso, pues como diría el jusfilosofo Luis Recasens Siches:
``sin seguridad jurídica no hay Derecho, ni bueno, ni malo, ni de
ninguna clase'' y lo que Santiago esta reclamando, es precisamente
sinceridad, seriedad y seguridad jurídica.
Aquí no se trata de cazar ``fantasmas
en lugares santos'', ni de salir a encarcelar a quienes por derecho no
corresponde, por el solo hecho de tener a un “perejil” para poder
exhibir como trofeo de guerra, o como justificativo de una gestión
eficiente, exhibir una vitrina con políticos presos, tal como inauguró
Schiaretti en su improvisada gestión por estos pagos.
Creo que para bien de la comunidad se
debe realizar un sinceramiento que tenga en cuenta el reconocimiento
de los errores del pasado, como primera medida.
Así en el caso de realizarse una
investigación seria de donde surjan responsables de algún ilícito, es
justo que se cumpla con la ley, pero es más que justo reconocer también
e informar a la sociedad como corresponde, cuando de una investigación
no amerite la comisión de delito alguno.
Mientras tanto, la inseguridad
jurídica, resulta ser moneda corriente por estos lados, en donde aun
existen algunos funcionarios que no advierten que casi siempre :"el pez
por la boca muere".
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