LA JUSTICIA SCHIARETTI O LA PROSTITUCIÓN JUDICIAL.

Nota Editorial del 16 de enero de 2008.-

       

       

Shiaretti uno de los que mas prostituyó la justicia en Santiago del Estero. Llegó con un personero al que ungió "como juez títere" Roberto Lafouret, sobre quien hicieron recaer las causas de la corrupción de su banda de ladrones.

               Estamos a 14 años desde que irrumpió en nuestra provincia la Intervención Federal con Juan Schiaretti a la cabeza, la gestión de gobierno mas vil y corrupta que se recuerde a lo largo de nuestra larga y penosa  historia en la materia.

Quizá deba preguntarme si gobernar Santiago del Estero no es una cosa fácil. ¿Será por ello la causa de tantas Intervenciones Federales a lo largo de estos últimos años? Sea como fuere, el remedio que nos ofrece nuestra carta magna resulta a veces, como en el caso que tratamos, más pernicioso que la enfermedad.

El paso del tiempo, nos va enseñando a comportarnos con paciencia y moderación y a no “machacar” en caliente como lo hacen los herreros y algunos desprevenidos auto llamados “historiadores” que suelen escribir la crónica al otro día de los hechos, sin análisis, ni causa-consecuencia, que los convierten en inimputables cuando el paso de los años les muestra la otra cara de la moneda. Es por eso que en el devenir constante de los tiempos se torna más clara la radiografía de lo que fue una etapa triste para los santiagueños.

Nadie puede mirar para otra parte, ni rasgarse las vestiduras cuando expresemos que Carlos Arturo Juárez introdujo el “amiguismo oficioso” en el palacio de tribunales y Juan Schiaretti instaló, en ese mismo lugar, el germen de la “prostitución obediente" lo que no va a resultar fácil de  erradicar.

                                           ANTES DEL NAUFRAGIO

Lo cierto es que antes de que este siniestro personaje desembarque en nuestras tierras, el gobierno de la democracia de entonces, trataba de llevar a delante la pesada carga burocrática enquistada en la administración pública, ante la ausencia de fabricas o empresas ajenas a las dadivas del Estado. 

Pero desde el Poder central la presión “Cavallo”,  insistió con hacer cumplir su teoría del achicamiento estatal, mientras que por otra parte éste se endeudaba con la banca extranjera, y exigía que desde el gobierno provincial se dejara en la calle a la mitad de la planta administrativa, para que no se desmorone su plan estratégico de enderezar la economía a cualquier precio.

Estos aprietes produjeron un desfasaje financiero de aproximadamente unos 60 millones de pesos, lo que motivó un arrastre de dos meses de atraso en el pago de sueldos.

El malestar reinante, por ésta causa generó una agitación orquestada por otro “innombrable” Julio Cesar Araoz (por entonces auto proclamado Interventor Federal) consistente en la quema y saqueo de edificios públicos y domicilios privados.

Tras estos hechos, para justificar ante la Asamblea legislativa una Intervención Federal, el entonces Presidente del Senado Carlos Ruckauf tuvo que mentir que había varios muertos en la casa de gobierno, según el Diario de Sesiones de fecha 17 de diciembre de 1993 y los titulares del diario Clarín del día anterior.

Así se hizo presente el remedio(¿?) federal que llegó más tarde que temprano, para las exigencias de los “caballistas” de entonces, mientras que para nosotros fue lo peor que le podía suceder a esta castigada provincia, que se endeudó por 60 millones, que fueron girados por el Estado nacional y cuando se fue Schiaretti, que traía la solución, endeudó al erario provincial en mas de 320 millones de pesos  (fuente: Ministerio de Economía), sin que se sepa, a la fecha, el destino de los fondos que el Estado provincial tuvo que reponer.

                                               PROSTITUCIÓN JUDICIAL

El arribo de Juan Domingo Schiaretti escoltado por una troupe de improvisados funcionarios, rejuntados desde distintas latitudes geográficas, (Busti, Fellner, Pedicone, Del Campo, Senn, Ledesma, Civarello  etc.) pretendieron introducir un cambio profundo e inmediato sobre los destinos de la administración judicial, la que a poco se fue desmoronando cual casilla de arena frente a las manos de un niño incauto y travieso.

La incompetencia flagrante escondida tras la soberbia de inexpertos funcionarios judiciales, la ambición desmedida en busca del relleno a los bolsillos flacos, el envío permanente de dinero fácil – que con anterioridad no se disponía para el gobierno elegido por el pueblo-  no hicieron mas que debilitar el ya alicaído sistema judicial.

Una sociedad esperanzada analizaba el discurso de corte tedioso y “moralizador” del Interventor Federal, mientras que un ignoto y falaz jefe de prensa  de apellido Álvarez – cuñado de Schiaretti ¿?- con un bolsón de mentiras –al mejor estilo Goebbels -  se dedicaba a abarrotar los escritorios del periodismo nacional y provincial denunciando escandalosos casos de corrupción, que a la postre resultaron disfraces de mal gusto, que en numerosos cuerpos de expedientes concluyeron en necesarios y justos sobreseimientos.

Ni un solo caso de la mentada corrupción que investigó la “justicia de Schiaretti” conforme se publicitó con bombos y platillos desde la oficina de prensa oficial, obtuvo el resultado esperado, pues nulas fueron las investigaciones realizadas durante el año y medio de gestión foránea, salvo aquellos casos de menor cuantía en que funcionarios debajo de la cuarta línea de mando, que resultan ser inmanejables, llegaron a juicio oral.

                                       LOS ELEGIDOS DE SCHIARETTI

El primer decretazo del Interventor fue el descabezamiento de la totalidad del Poder judicial, al declararse en comisión a los jueces de la constitución, designándose como presidente del Superior Tribunal de Justicia a la Dra. Ángela Esther Ledesma, una mística abogada porteña radicada en Santiago del Estero a mediados de la década del ochenta.

De conocida militancia radical  tuvo su paso por una asesoría en el PAMI, en las épocas del Dr. Alfonsín, en la reforma de la Constitución Provincial de 1985 y la cátedra de Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica.

Su primera incursión como flamante magistrada fue la reforma ( a su gusto y paladar) del Código de Procedimiento en materia Penal, cuya intención se orientó a evitar las excarcelaciones de los ex funcionarios públicos, el típico caso de la irretroactividad de las leyes,  intríngulis jurídico que de inmediato, debió ser anulado ante las contradicciones, encontronazos  y colisiones con la Constitución Provincial y Nacional. 

Esta magistrada que fue denunciada públicamente por el Dr. José Antonio Uñates bajo los cargos de Prevaricato, Violación de los Deberes de Funcionario Publico y Privación Ilegitima de la Libertad. (ver Diario el Liberal ) la misma que en la actualidad goza como todos los que compusieron el elenco federal, de total impunidad e inmunidad garantizada, pues como premio a su gestión se encuentra juzgando en otra jurisdicción: La Cámara de Casación Penal en Capital Federal.

Otro de los personajes notorios del entonces Poder Judicial fue el Dr. Rubén Lafouret, a quien se puso al frente del Juzgado Criminal de Quinta Nominación, fuero este en donde se hicieron recaer todas las causas de resonancia durante la gestión oficial, al solo efecto de que los entonces gestores del manejo publico pudiesen  contar con amparo judicial y protección especial.

Se trata de un oscuro abogado oriundo de la ciudad de Córdoba, que como antecedente inmediato ostentaba haber ocupado un cargo de menor cuantía en otra Intervención Federal (Catamarca), en donde los militantes del justicialismo lo recuerdan muy especialmente y no precisamente por sus buenos oficios.

Fue sobre el juzgado de este magistrado en donde se concentraron las causas de mayor resonancia periodística y que concluyó su misión, jaqueado por numerosas denuncias entabladas por el Dr. José Antonio Uñates hasta que fue apartado de ese cargo. Así Rubén Lafouret junto a Mariano Rodríguez, fiscal del Superior Tribunal, Ángela Ledesma y Víctor Rotondo fiscal de primera instancia, entre otros, resultaron ser los magistrados más cuestionados y  denunciados, con causas penales aun pendientes de resolución. 

Otra denuncia dormilona en ésta provincia fue la promovida por el Dr. Fernando Gonzalo Miranda que se ventila por ante el Juzgado de Crimen de Primera Nominación, sobre Privación ilegal de la Libertad y Prevaricato, en contra de Ángela Ledesma, Lafouret, Rotondo y Rodríguez, por haber éste permanecido detenido ilegalmente durante varios meses junto a Carlos Mujica, Ángel Bagly, el autor de esta nota y Ángel Gorostiaga, por un minúsculo caso al que el entonces Ministro Busti – a quien el periodismo le llamaba gordito picaron-  la denominó “caso testigo” totalmente orquestada tras un impresionante despliegue publicitario oficial, sin parangón en la historia judicial de nuestra provincia.

A tanto llegó ésta causa promocionada por Schiaretti que el Dr. Jorge Berardo, vocal del entonces Suprior Tribunal de Justicia, manifestó al ser indagado en el sumario seguido por Miranda, que la causa ``piloto'' que investigó la Intervención Federal carecía de todo asidero legal, responsabilizando por ello a la aludida Ángela Ledesma y Fernando Pedicone, también Vocal del alto cuerpo, como los gestores de las arbitrarias detenciones, junto a Mariano Rodríguez y Víctor Rotondo, éste ultimo como participe necesario al imponer un procedimiento de revisión por ante el alto cuerpo judicial, que no está contemplado en el código de procedímiento, que hicieron posible una tercera instancia que a la luz de la legislación en vigencia, resultaba  inexistente.

                                      TODAVÍA SIGUEN ESCONDIDOS

Este caso es recordado como uno de los más grandes escándalos en materia judicial que desembocó en un arbitrario, malicioso y temerario proceder de los entonces fiscales Rotondo (primera instancia) y Rodríguez (auto llamado Fiscal General STJ) y la aceptación de la maniobra por el máximo tribunal es decir el Superior Tribunal de Justicia.

Y fue precisamente el voto del vocal Jorge Berardo el que desbarató la maniobra ilegal orquestada por el “clan Schiaretti”, por lo que fundó su renuncia en la “corrupción de un poder judicial vicioso que pretendía sacralizar conductas sociales” por lo que dignamente pegó el portazo y se fue de la provincia.

Por esta causa fueron imputados los elegidos de Juan Schiaretti para avalar los desmanes de su gestión, prostituyendo así al Poder Judicial.

Hoy se espera que termine la reticencia al comparendo de los imputados, quienes ya fueron citados en varias oportunidades sin que se presentaran a la indagatoria ordenada por el Juez del Crimen de Primera Nominación, pues el pacto Juárez-Schiaretti evitó, como no podía ser de otra manera, la orden de detención contra estos ex funcionarios corruptos.

A partir de la caída del clan Schiaretti, el miedo a que pudiera realizarse una investigación seria y responsable por parte de algún magistrado probo, que pudiere desembocar en numerosas detenciones, mantiene a los estos ex magistrados, callados y  a buen resguardo, lejos de ésta jurisdicción.

Pensamos que tal vez mediante la difusión de éstas denuncias, no se descarta que se profundicen las investigaciones, y alguna vez se haga justicia con quienes gobernaron por espacio de un año y medio con la suma del poder publico, hasta ahora, en la total impunidad.

       No se si el tan cuestionado  nuevo Gobernador de Córdoba, siente al menos temor de Dios siendo el responsable directo de tantas tropelías que aun continúan si ser juzgadas, pues quiero recordarle lo que sentencia la Santa Biblia: “ no hay nada oscuro que no salga a la luz, ni nada oculto que no se haya de saber ” (Juan 12, 2 y 3) Esta nota es el comienzo.