La Asociación por los
Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en representación de nuestro país,
presentaron recientemente un informe
ante la C.I.D.H. sobre el uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas,
en el marco de la audiencia temática realizada en Washington en el 146º período
de sesiones del organismo internacional.
También participaron
representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Al cabo de la audiencia, se elaboraron distintas
propuestas tendientes a optimizar esta
situación y se solicitó a la CIDH urgentes medidas para que esta problemática se
modifique tomando un rumbo inverso a lo que desde hace décadas viene
aconteciendo en los estrados tribunalicios.
El Director Ejecutivo de la
ADC, señaló que “en la audiencia se puso de relieve la magnitud y el impacto
del uso abusivo de la prisión preventiva tanto en Argentina como en otros
países de la región, se hizo especial hincapié en la forma en que dicho uso
afecta a grupos y poblaciones vulnerables”. Por ello todos los representantes
americanos compartieron que: “los Estados deben garantizar la libertad personal
como regla general, y la aplicación de la prisión preventiva debe ser
excepcional. Sin embargo, en los países de la región se advierte un uso masivo
e indiscriminado de la medida cautelar”.
Muchas fueron las señales
argumentales previas a la elaboración del documento, hechos que se manifiestan
como verdaderos flagelos en las comunidades
que acusan el impacto de la mala
praxis judicial que desencadena serios perjuicios, a veces irreparables.
Se denunció que en la actualidad se mantienen altos
índices de personas en prisión preventiva sin motivación ajustada a derecho, ni
causa aparente, como así el abuso indiscriminado de la medida cautelar, para
dar respuesta a las demandas sociales de seguridad.
Se señaló que: “La mayoría
de los sistema judiciales y penitenciarios de la región no generan la
información mínima requerida para poder realizar un adecuado monitoreo de las
personas sometidas a encarcelamiento y específicamente de los presos
preventivos y que la falta de independencia judicial es otro de los factores
que explican la abusiva aplicación de la prisión preventiva."
Los relatores coincidieron en que: “se viene
generalizando la práctica abusiva para resolver uno de los más grandes
problemas que tiene la región en materia penal y en materia penitenciaria,
realmente el problema más grave que tiene la región es el uso abusivo, excesivo
y arbitrario de la detención preventiva”.
Nuestro país y en especial
nuestra provincia, están en condiciones de aportar un sin fin de muestrarios al efecto, que
justifican en plenitud las razones de un cambio inminente en materia procesal
penal que la comunidad desde hace tiempo viene reclamando.
Desde la última década del
siglo pasado a estos tiempos, parece haberse instaurado en nuestro medio un mal
ejemplo de “dictadura judicial”, en que los magistrados, en especial los del
fuero penal, parecieran regocijarse al firmar la orden de detención compulsiva
y arbitraria de quienes resultan sospechosos de ilícitos, cuando el ritual no
prevé detención alguna.
Se aguardan cambios
inmediatos que modernicen nuestro ordenamiento judicial, tan postergado y
alicaído en estos tiempos de crispaciones y malos entendidos, de jueces
desobedientes de la ley, por ende impunes y a posterior gratificados por los
beneficios aportados.
Se necesitan hechos
concretos que le devuelvan al justiciable la credibilidad en el valor Justicia,
que se extravió entre tanto marasmo y desatino. Desde hace tiempo que se sabe
que el fin, no justifica los medios,sin embargo todo está como era entonces.
Nota publicada 25/2/2016.-
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