El
ultimo acto jurídico del gobierno de facto fue la sanción de la ley No.
23.007 mediante la cual se concedió a 28 escritores una pensión
vitalicia equivalente a la suma de tres jubilaciones mínimas de las que
se otorgaban por imperio de la Ley No. 18.037.-
Los considerándos de la norma citada
exigían, para poder acceder al beneficio, que los beneficiarios hallan
logrado una: “fecunda y prolongada labor en el campo de las letras” y
así se eligieron veintiocho nombres, sin el consentimiento de de los
beneficiarios, quienes se enteraron de tal merecimiento, mediante las
publicaciones en los diarios.
Entre los escogidos sobresalen
personalidades que rebasan el quehacer cultural y que son también
conocidos en el ámbito político, perteneciendo los mismos a las más
diversas extracciones partidistas que actúan en el campo de la política
nacional.
Sin dudas el hecho no llamó la atención
por considerarse a la medida, como un caso de excepción, plausible por
cierto, entre tanto desatino administrativo por parte de las autoridades
salientes. Pero a muy poco de conocida la noticia, ésta no colmó las
expectativas esperadas por los autores, sino que por el contrario,
mereció la dura critica no solamente de los sectores culturales, sino de
los propios beneficiados que exteriorizaron su desagrado, renuncia de
por medio, a una pensión rodeada de todos los requisitos de legitimidad
que no es incompatible con la jubilación, por tratarse de una gracia de
excepción.
Otros se llamaron a silencio, pues el
monto a percibir -unos 7.000 pesos argentinos- no es suma para regalar
en críticos momentos y en un país en donde publicar un libro es todo un
privilegio.
Así, escritoras consagradas, no por la
seriedad de sus obras, sino por la taquilla que producen las mismas
elevaron plegarias de descontento y los diarios mas importantes del país
se hicieron eco de los desagrados y de las biografías de las afectadas,
que insistían poseer también una “fecunda y prolongada labor en el
campo de las letras…” y que por ello también debían ser incluidas en la
ley del proceso, claro, ideología al margen de los otorgantes.
EL PORQUE DE LA DISCORDIA
A esta altura de la circunstancia, nos
preguntamos: ¿Cuál fue el móvil que inspiró al gobierno saliente por
adjudicar pensiones graciables a estos escritores…? ¿Por qué no se
consultó previamente a los interesados…? ¿Por qué son todos residentes
en la Capital Federal…? ¿Por qué acordarse de la cultura recién cuando
faltan veinticuatro horas para entregar el poder, mientras se continúa
manteniendo las famosas “listas negras” y la cesura desmedida a toda
expresión con visos de cultura…?
Son estos interrogantes que seguramente
no van a encontrar una respuesta inmediata, porque es extraño que en
este país se hable de justicia con absoluta normalidad.
Todavía se sigue bregando por la
anhelada “ley del libro”, por una adecuada “política educativa” y por el
encuentro con una “cultura nacional y popular”, tantas veces reclamada
sin el conocimiento exacto de su contextura, ya tantas veces silenciada
por la falta de un presupuesto digno o por el servilismo puesto al
imperio de culturas extranjerizantes.
Se piensa que es ésta la hora de la
conciliación y del reencuentro con nuestros valores fundamentales,
porque después del vendaval es natural hacer un inventario de las cosas
que quedaron. Hay que mirar para adentro por si está haciendo falta una
ley de motivación cultural, de estímulos constantes para los jóvenes
trabajadores de nuestra cultura, para así poder forjar con el orgullo de
todos, un gran patrimonio provincial, sin exclusiones, ni mezquindades,
con la activa y plena participación de todos los sectores que pretenden
el despegue provincial.
Tendrán que entender los gobernantes
que un pueblo sin cultura carece de identidad y es precisamente que por
sus obras que se lo reconocerá.
Esperemos que a la hora de la democracia, a
Santiago del Estero, y de una vez por todas, se lo deje de citar en las
estadísticas, como la provincia con el índice de analfabetos más alto de
todo el país.-
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