Cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el
proyecto de reforma a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298, lo
hizo con el siguiente título: “Proyecto de ley de la democratización, de la representación
política, la transparencia y la equidad electoral”, que nadie se atrevió a cuestionar, ni antes
ni después de su sanción, hecho que en principio no dejó de sorprenderme.
Ninguno de los opositores al
modelo, ni los partidos de izquierda con representación parlamentaria –que se
autodenominan “progres”- alzó la voz de la disidencia cuando se cercenaban los
derechos de los partidos políticos reconocidos a quienes se les exigió mayores
requisitos para mantenerse con personería y entidad como sujetos de derecho.
Facilitaron el quórum, no
presentaron proyectos alternativos, no se opusieron al achicamiento del arco
partidario, ni se rasgaron las vestiduras cuando se aprobó la ley que atentaba
en contra de sus propios intereses. Ellos también estaban de acuerdo con el
bi-partidismo mezquino ideado desde los despachos oficiales.
En el ámbito de ambas cámaras
legislativas, no conozco ningún especialista en Derecho Electoral, sin dudas se
trata de una disciplina joven, pero con notables y sobradas aspiraciones para
convertirse en materia autónoma, atento a que rige nada más y nada menos que
las reglas del juego para acceder al Poder.
Sin dudas que la ley 23.298 –
llamada de los partidos políticos- exhibe muchas deficiencias y algunas
omisiones que debieron ser subsanadas en ocasión de la última reforma, ello a
la luz de los infinitos fallos provenientes de la Cámara Nacional Electoral que
ha marcado pautas y situaciones insalvables que se dejaron de lado, para
arremeter con un discurso poco inteligible que en nada a mejorado el instituto
normativo.
Así las cosas, después de esta
reforma, una de las últimas logradas con el sistema de la mayoría automática,
nadie se atrevió a su reglamentación, tanto que hasta el propio Director
Nacional Electoral y posteriormente la Cámara revisora debieron – en distintas
oportunidades- dirigirse al Poder Ejecutivo, manifestando que sin ese acto
administrativo no se podría poner en marcha las reformas obtenidas.
La respuesta no hizo más que
oscurecer el sombrío panorama instalado sobre la norma electoral, no sin antes
distribuir a su arbitrio las pautas publicitarias e instaurando entre líneas la
tantas veces repudiada Ley de Lemas, ahora bautizada como “colectora”. Es decir que sin un “lema” para tributar,
ahora se “contribuye” a la sumatoria de una formula oficializada y al parecer
sin ningún tipo de restricción, ni acuerdo previo, ni autorización, según surge
del escueto parte obtenido.
En fin, en esta materia nadie
puede exhibir lauros, ni argumentar avances de la calidad institucional, porque
volver a la Ley de Lemas, es lo mismo que retroceder hacia un pasado que le
hizo mucho daño a la estabilidad democrática y a la legitimidad política.
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